Unos 130 profesionales asisten a la III Jornada Canaria de Odontología Legal

El pasado 23 de marzo, el Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) celebró en su sede la III Jornada Canaria de Odontología Legal, cuyo propósito fue dar a conocer a los dentistas de Canarias, así como a otros profesionales del sector sanitario, aspectos jurídicos relevantes para su quehacer profesional, como son las inspecciones tributarias sin previo aviso (con y sin auto judicial), la responsabilidad penal de los profesionales sanitarios y el tratamiento penal del intrusismo en el ámbito de la salud. La jornada contó con 130 asistentes entre dentistas, asesores, altos cargos y funcionarios del Gobierno de Canarias y presidentes de colegios oficiales sanitarios.

La jornada regional, presidida por el doctor Francisco Cabrera Panasco, miembro de la junta de gobierno del COELP, y organizada en colaboración con el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, representado por su vicepresidente, el doctor José Ángel Alventosa Martín, fue inaugurada, en nombre de la Consejería de Sanidad, por María Antonia Pérez Pérez, directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud. En ella, participaron como ponentes José Andrés Sánchez Pedroche, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, abogado y consejero experto del Consejo Económico y Social del Estado, quien habló sobre “Inspecciones tributarias en la clínica dental”, y Manuel Marchena Gómez, magistrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien abordó la “Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios e intrusismo”. A estas ponencias siguieron sendas mesas de debate integradas por expertos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Provincial de Las Palmas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En relación a las inspecciones tributarias en la clínica dental, sin previo aviso (con y sin auto judicial), con entrada en domicilios profesionales de actividades sanitarias, a la ponencia impartida por José Andrés Sánchez Pedroche siguió la mesa de debate integrada por José Suay Rincón, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Fernando González Álvarez, jefe de la Unidad de Inspección de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial en Canarias de la AEAT, y los asesores del COELP, Pablo Monzón Fernández y Sirlene Alonso Gandia. 

Se destacaron, entre otros asuntos, los derechos que asisten a los contribuyentes y los protocolos a seguir, especialmente en el caso de discrepancia con el alcance de los datos que se pretenden recabar (hojas de diario e historiales clínicos), principalmente desde el punto de vista de los datos de salud, que gozan de la máxima protección en la normativa de protección de datos, planteándose puntos de encuentro entre los legítimos intereses de la Administración Tributaria y la obligación constitucional de protección de datos. 

Ante este problema, el doctor José Manuel Navarro Martínez, presidente del COELP, señaló que “es evidente que afrontamos un serio problema que pone a los profesionales sanitarios en la tesitura de tener que elegir entre la sanción derivada de la vulneración de la protección de los datos o la correspondiente a la obstaculización de la labor inspectora, por lo que desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas pedimos a la Administración Tributaria trabajar conjuntamente para lograr vías que garanticen la seguridad jurídica de los dentistas”.

La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios y las incidencias peculiares que tiene el intrusismo en las profesiones sanitarias fueron los temas de la ponencia impartida por Manuel Marchena Gómez, en cuya mesa de debate posterior intervinieron Guillermo García-Panasco Morales, teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado; Pilar Parejo Pablos, magistrada presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y Luis Fernández Navajas, abogado especializado en Derecho Penal. 

Durante el debate se planteó uno de los grandes problemas relacionados con la responsabilidad del profesional sanitario, que reside, a menudo, en la contraposición de dos factores: por un lado, la protección de la salud y de la vida del paciente y, por otro, la inseguridad jurídica del profesional, que ejerce con el margen de error propio de las ciencias médicas, pero con la consiguiente responsabilidad derivada en aquellos casos donde se produce un resultado distinto al previsible o esperado. El Colegio de Dentistas de Las Palmas considera “creciente y abusiva” la práctica de acudir a la jurisdicción penal en lugar de a la vía civil en caso de denuncia. Una situación ante la cual plantea la búsqueda de soluciones justas para las partes y solicita que, “en el caso de querella infundada o falsa, se dé traslado inmediato al juzgado de guardia y, si resultando evidente que se debió acudir a la vía civil en lugar de a la vía penal, el denunciante asuma las costas del procedimiento”.

En relación a la problemática que plantea el intrusismo en el ámbito sanitario, se abordó la posible interacción con otras figuras delictivas, como ‘intrusismo y estafa’ o ‘intrusismo y lesiones’, lo que llevaría aparejada pena de cárcel y no sólo económica. Al respecto, Marchena Gómez insistió en la importancia de penalizar hechos delictivos de esta gravedad mediante multas cuantiosas, una medida que consideró la más eficaz y disuasoria para hacer frente a la práctica del intrusismo.