La profesión exige a la Administración soluciones urgentes para los afectados de iDental

  • De izda. a dcha. Francisco Abril, el doctor Óscar Castro y Francisco Javier Camacho
  • 11 de Jul, 2018

El cierre de las clínicas iDental, que podría afectar a más de 300.000 pacientes en toda España, está generando que los representantes de la profesión hayan vuelto a reclamar a la Administración que regularice la práctica odontológica de manera que se eviten escándalos de este tipo.

En este sentido, el pasado 10 de julio el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General y del Colegio de Dentistas de Murcia, compareció ante los medios de comunicación acompañado de Francisco Javier Camacho, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por iDental (ADAFI), y Francisco Abril Ruiz, director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, para analizar la problemática ocasionada por el cierre de las clínicas de iDental.

El doctor Castro aseguró que desde el Consejo y los colegios de dentistas llevan muchos años alertando de los engaños de iDental y de otras clínicas corporativas. En el caso de iDental, se hablaba de “dentistas con corazón”, “dentocracia”, o “un millón de euros en subvenciones privadas”, creando falsas expectativas en la población con mensajes falsos y dirigidos a las personas con menos recursos. “Esta cadena, que es obviamente una empresa privada, no concedía subvenciones. Lo que realmente sucedía es que supuestamente inflaba el precio de los tratamientos para luego aplicar grandes descuentos”, explicó el doctor Castro.

El presidente del Consejo General de Dentistas reclamó una vez más que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, según la cual el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, “y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. Porque actualmente en España, cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos dentistas”.

“Desde mi apreciación como presidente de todos los dentistas de España, la Justicia y la Administración deben buscar y perseguir a los culpables para que respondan patrimonialmente ante todos los afectados”, concluyó el doctor Castro.

Por su parte, Francisco Javier Camacho consideró la situación como “la mayor estafa y masacre sanitaria que ha sufrido España en la última década”. El presidente de ADAFI afirmó que iDental “se ha aprovechado de los vacíos legales en cuanto a publicidad sanitaria, lanzando campañas agresivas anunciando falsas subvenciones sociales y prometiendo excelentes tratamientos. Pero la realidad es que falsificaban los datos financieros y el trato sanitario era totalmente deficiente”.

Por su parte, Francisco Abril aseguró que todas las comunidades autónomas afectadas, independientemente del color de quien gobierne, “están acometiendo las mismas acciones, estamos coordinados y dando la misma información para paliar el sufrimiento de las personas damnificadas”.

La facturación ante todo
En la misma línea del Consejo también compareció ante los medios el presidente del Colegio de Dentistas de la I Región, el doctor Antonio Montero, quien solicitó la creación de una oficina pública de atención integral a los afectados de iDental. “Nos encontramos ante uno de los mayores escándalos sanitarios de las últimas décadas en nuestro país y es urgente que las administraciones sanitarias y económicas actúen”.
Según confirmó este representante colegial, “la situación de los pacientes es y ha sido dramática, ya que tienen que enfrentarse a innumerables obstáculos y se ven obligados a peregrinar de un lado a otro solicitando información y orientación sobre cómo actuar. De ahí la necesidad de una oficina, coordinada desde la Administración, que ofrezca una atención integral a los afectados”. Para el COEM, dos acciones son prioritarias en estos momentos: la localización, custodia y entrega de las historias clínicas y la suspensión del pago de los préstamos otorgados a los pacientes.
En la rueda de prensa del COEM, en la que estuvieron presentes tres afectadas, se relató el modus operandi de iDental para captar a los pacientes mediante publicidad engañosa y presión comercial. “Sin embargo, lo realmente peligroso eran las prácticas para mantener unos márgenes elevados de facturación: sobretratamientos, uso de materiales provisionales como definitivos, extracción de dientes sanos, falta de condiciones higiénico-sanitarias, etcétera”, afirmó el doctor Montero. Entre 2017 y 2018 se han registrado más de 300 quejas en el COEM.
Este escándalo ha hecho que este colegio profesional haya tramitado una serie de medidas contra iDental en los últimos meses, tales como denuncias ante la Comunidad de Madrid; denuncia penal en relación a actuaciones presuntamente constitutivas de delito (engaño, abandono de pacientes, lesiones, etc.) –se han abierto diligencias penales por delito contra la salud pública a los administradores y responsables sanitarios–; apertura de expedientes informativos a centenares de odontólogos que prestaban sus servicios en estas clínicas; apertura de expediente sancionador a los responsables sanitarios de los centros, y gestiones ante la Consejería de Sanidad de Madrid y el Juzgado de Arganda para recuperar los historiales clínicos.

Si quieres compartir...