La presunta estafa de iDental demuestra que se deben asumir medidas de gran calado en el marco odontológico

  • De izquierda a derecha, Francisco Abril, el doctor Óscar Castro y Francisco Javier Camacho, durante la rueda de prensa.
  • 24 de Ago, 2018

A finales del pasado mes de julio el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata asumió la investigación del presunto fraude de las clínicas iDental, por “el volumen extraordinario de la causa”, la existencia “de miles o decenas de miles de perjudicados” y el diseño de una estructura societaria compleja, según recoge el auto dictado por el juez. De hecho, un informe encargado a una agencia de detectives por el Consejo de Dentistas de España cifra en más de cien sociedades las creadas en torno a iDental.

Al igual que reclamaban los pacientes, el magistrado también considera que la Audiencia es el tribunal competente para investigar los hechos. Así, en el auto en el que toma esta decisión, el juez explicaba que la investigación partió de una denuncia de afectados de las clínicas dentales de Andalucía y, desde entonces, son ya al menos 11 los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa.

El juez explicó que las clínicas prestaban servicios odontológicos con un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades como Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc. En su escrito, De la Mata señala cómo a través de estas entidades se percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y luego, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos”. Muchos de los tratamientos quedaron interrumpidos, “hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas de iDental”.

Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados”, De la Mata los tipificaba inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la salud pública.

Más allá de las importantes decisiones del ámbito jurídico, las últimas semanas han sido muy intensas en el Ministerio de Sanidad, cuyos nuevos responsables se han visto ante un problema de grandes dimensiones, con miles de afectados. “En las reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad, –confirma a Maxillaris el doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas–, sus responsables nos confirman que están profundamente consternados y alarmados. Pero no se trata sólo de arreglar esta crisis actual, sino de poner los mecanismos para que no se vuelva a producir. No pasa en ningún otro país de Europa y aquí sucede constantemente. iDental era una gran empresa, pero a escala más reducida vemos otros ejemplos constantemente. En España se permite que empresarios ajenos a la Odontología abran clínicas bordeando la Ley de Sociedades Profesionales y cuando el negocio no les resulta rentable económicamente echan el cierre y se olvidan de los pacientes y su salud”. El Consejo General de Dentistas se ha personado en la causa de iDental como acusación popular.

En el marco de este caso, en una rueda de prensa en la que intervino el doctor Óscar Castro, acompañado por Francisco Javier Camacho, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por iDental (ADAFI), y Francisco Abril Ruiz, director general de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa de la Región de Murcia, el presidente del Consejo General aseguraba que “la Justicia y la Administración deben buscar y perseguir a los culpables para que respondan patrimonialmente ante todos los afectados”. En el trasfondo de esta petición está la reclamación del cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales, según la cual el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería recaer en los profesionales sanitarios, “no en especuladores que sólo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible”. “Actualmente en España”, destacó el presidente de los dentistas, “cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos los dentistas”.

Pero no sólo hay que mirar la responsabilidad de los dueños de iDental. Según confirma el doctor Castro, también hay que aclarar cómo han actuado todos los agentes que han intervenido en esta crisis: “Hay que ver qué funciones de vigilancia hacía la Administración, porque desde los colegios de dentistas hemos comunicado en numerosas ocasiones las muchas quejas que se estaban recibiendo; también hay que dilucidar las responsabilidades de los profesionales que trabajaban en estos centros, comprobando si ha habido negligencia o mala praxis; por supuesto, los pacientes tienen su parte de responsabilidad; el Banco de España tendrá que decir qué vigilancia ha hecho de las financiaciones que se aprobaban a los pacientes –muchos de ellos han confesado que se falsificaban datos–, y hay que analizar qué labor de control ha hecho el Ministerio de Educación y la ANECA sobre los másteres que se desarrollaban en iDental –avalados por las universidades de Lleida y Alicante–.

En este sentido, el doctor Castro se ha puesto en contacto con el Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones del Banco de España para que, como autoridad supervisora nacional, “adopte las medidas que se estimen oportunas con el fin de investigar y, en caso de resultar procedente, sancionar a las entidades financieras vinculadas con iDental, así como para evitar que hechos como este se repitan en el futuro”. Desde este organismo se asegura que, al detectar un incremento de las consultas sobre este tipo de créditos, se ha hecho un “seguimiento singular” con el inicio de una serie de actuaciones supervisoras sobre determinadas entidades, especialmente sobre las que más incidencias han registrado. Del mismo modo, inciden en que “estas actuaciones se circunscriben al ámbito de competencias del Banco de España y sólo se dirigen a las entidades que están bajo su supervisión, de manera que no abarca a algunas de las entidades que podrían haber concedido este tipo de financiaciones”.

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