Los fondos de capital riesgo siguen interesados en la “burbuja dental”

  • 30 de Ago, 2019

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente la lista de deudores que deben más de un millón de euros a Hacienda y, según ha destacado el Consejo General de Den­tistas, entre ellos se encuentran las empresas Clínicas Dental Line e Institutos Odon­tológicos Asociados, cuyas deudas ascienden a 1.313.160 euros y 1.633.563 euros, respectivamente.

La organización colegial explica que Dental Line, propiedad de un protésico dental y de un inversor inmobiliario, comenzó su andadura en 2001 con la intención de seguir los pasos de otros modelos similares ya existentes en el sector y llegó a ser la mayor red de clínicas dentales propias de Europa, con 77 centros en España. Con su mensaje “Porque sonreír no cuesta tanto” consiguió atraer a cientos de pacientes, “pero con la llegada de la crisis sus planes de expansión y recaudación fracasaron y en 2009 cerraron sus puertas, dejando a cientos de personas afectadas, con los tratamientos sin finalizar y con la obligación de seguir pagándolos”, destaca el Consejo General de Dentistas.

Por otro lado, el fondo Weston Hill, propietario de Institutos Odontológicos Asociados desde 2015, vio como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional frenaba sus presuntas intenciones de cometer una macroestafa similar a la de iDental (de la que también fue propietario) al detener a Luis Sans y otras nueve personas más relacionadas con la trama.

Sin embargo, como se apunta desde el Consejo General de Dentistas, “ni las deudas con Hacienda, ni los cierres repentinos de las clínicas, ni las presuntas estafas, ni las miles de personas afectadas han hecho que cambie la situación en nuestro país, donde la burbuja dental sigue siendo una realidad”. “Los fondos de capital riesgo siguen interesados en el sector odontológico y continúan adquiriendo clínicas con el supuesto objetivo de reflotarlas, aunque el resultado suele ser nefasto, sobre todo, para sus pacientes”, declara el doctor Óscar Castro Reino, presidente de los dentistas españoles.

El máximo responsable de la organización colegial vuelve a insistir en que estos centros, al no estar constituidos como sociedades profesionales, escapan al control de los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos, “pero esta situación podría cambiar si la Administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Pro­fe­sio­nales, la cual prevé, entre otras cosas, que las organizaciones cole­giales puedan sancionar deontológicamente a aquellas em­presas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control está mayoritariamente en manos de profesionales colegiados”, asegura.

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